El sistema de protección social en Chile enfrenta una de sus transformaciones más debatidas en la última década. El avance legislativo de una nueva normativa pone en jaque el acceso gratuito a servicios estatales.
Con 95 votos a favor, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que restringe beneficios a extranjeros irregulares.
La iniciativa pretende modificar la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para “desincentivar” el ingreso por pasos no habilitados. Actualmente, la condición de irregularidad no impide recibir ciertas prestaciones, pero este escenario tiene los días contados.
Fin de un beneficio que hoy recibe la población irregular
En la normativa vigente, el Estado garantiza el acceso a la red pública de salud bajo el Tramo A de Fonasa. Esto significa que cualquier extranjero, sin importar su estatus, cuenta con copago cero en consultorios y hospitales públicos.
Las mujeres embarazadas también acceden a todas las prestaciones del programa Chile Crece Contigo desde su primer control.
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En educación, el derecho a la enseñanza preescolar, básica y media está blindado para todos los menores de edad establecidos en el país. Este acceso incluye beneficios adicionales de Junaeb, como el Programa de Útiles Escolares, alimentación diaria y la tarjeta TNE.
Sin embargo, el nuevo proyecto propone que se pueda priorizar la atención médica y los cupos escolares en favor de los ciudadanos nacionales.
Los nuevos candados para el auxilio estatal
La principal barrera que plantea la moción aprobada es la exigencia obligatoria de una cédula de identidad vigente otorgada en Chile. Este requisito se volvería indispensable para postular a cualquier beneficio de cargo fiscal o inscribirse en el Registro Social de Hogares.
Para el caso de aportes económicos directos o subsidios habitacionales, la exigencia sube un peldaño: se requerirá residencia definitiva.
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El texto legal busca cerrar las brechas que hoy permiten a los extranjeros obtener un RUN provisorio con solo inscribirse en un Cesfam. Aunque los niños y adolescentes mantienen ciertas protecciones, el proyecto endurece las condiciones para los adultos responsables de quienes dependan.
El Senado deberá ahora definir si estos cambios respetan los estándares internacionales de no discriminación o si primará el resguardo del gasto fiscal.
