La política migratoria en Chile ha dado un giro drástico hacia la restricción de recursos públicos y beneficios serán cancelados para quienes ingresen de forma clandestina. El debate legislativo escaló un peldaño decisivo tras la aprobación de una nueva normativa en la Cámara Baja.
El proyecto de ley busca modificar la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para cerrar la puerta a diversas prestaciones del Estado.
La iniciativa, que ahora pasa al Senado, tiene como meta principal desincentivar el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados. Esta medida marca un precedente en la gestión de beneficios sociales, vinculando directamente la regularidad migratoria con el auxilio fiscal.
Cambiarán los requisitos para el Registro Social de Hogares y el impacto que esto tendrá en la red de protección social.
Beneficios serán cancelados con candado y ésta será la llave
Hasta la fecha, la calidad de migrante irregular no impedía el acceso a diversos beneficios estatales en áreas críticas como salud y educación. Sin embargo, el nuevo proyecto establece que cualquier postulación a beneficios de cargo fiscal requerirá obligatoriamente una cédula de identidad vigente.
Esta exigencia se extiende también a la inscripción en el Registro Social de Hogares, la llave maestra para acceder a la mayoría de los subsidios.
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El documento de ingreso del proyecto señala que anteriormente bastaba con inscribirse en un consultorio para generar un RUN provisorio y acceder a Fonasa. Con la nueva legislación, este mecanismo quedaría limitado, obligando a los extranjeros a regularizar su estatus antes de solicitar apoyo económico.
El objetivo es impedir que el sistema de protección social actúe como un imán para la migración descontrolada en las fronteras del norte.
El choque entre la normativa nacional y los estándares internacionales
La aprobación de este proyecto no ha estado exenta de polémicas debido a las posibles tensiones con tratados de derechos humanos. Organismos internacionales advierten que restringir el acceso a la salud podría vulnerar principios básicos de no discriminación y asistencia humanitaria.
En materia educacional, la postulación actual se realiza mediante el Identificador Provisorio Escolar (IPE), sistema que también entraría en revisión.
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Los parlamentarios a favor de la medida argumentan que los recursos fiscales son limitados y deben priorizar a quienes cumplen con la legalidad. Por otro lado, sectores de la oposición legislativa temen que la medida precarice aún más la vida de quienes ya se encuentran en territorio chileno.
El Senado tendrá ahora la misión de equilibrar la seguridad nacional y el control fronterizo con los compromisos internacionales de Chile.
