El reconocimiento de quienes trabajan desde casa, haciendo labores domésticas y de asistencia ha dado un giro histórico en el país. Así funciona el sistema que reconoce el derecho al cuidado y a los cuidadores no remunerados en Chile, bajo el marco de la Ley n.º 21.805, conocida como Chile Cuida.
Esta normativa establece que el acto de cuidar, ser cuidado y el autocuidado forman parte de un engranaje esencial para el desarrollo económico y social de la nación. A través del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, se articula una red que integra a ministerios, municipios y organizaciones civiles para ofrecer prestaciones concretas.
El enfoque principal de esta reforma es promover la autonomía de las personas dependientes mientras se protege la salud física y mental de quienes dedican su vida a asistirlas.
Un nuevo contrato social con enfoque de género
Uno de los pilares más disruptivos de la ley es la desnaturalización de la feminización del cuidado, entendiendo que esta carga ha recaído históricamente en las mujeres. Al incorporar principios de corresponsabilidad social, el sistema busca disminuir la sobrecarga femenina y abrir oportunidades reales de inserción laboral y desarrollo personal.
Las personas cuidadoras no remuneradas ahora cuentan con un reconocimiento formal de su aporte al Producto Interno Bruto, visibilizando su rol como trabajadoras fundamentales.
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La ley garantiza que este grupo tenga acceso prioritario a servicios de salud mental, programas de descanso y certificación de competencias para profesionalizar su labor. Además, se establece que las cuidadoras serán consideradas un grupo de atención preferente en contextos de emergencias, desastres naturales o crisis sanitarias.
Este cambio simbólico y práctico pretende mitigar el empobrecimiento y el aislamiento que suelen enfrentar quienes postergan sus proyectos por cuidar a otros.
Beneficios y registro para una implementación gradual
La puesta en marcha del sistema considera a niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad como los titulares principales de este nuevo derecho. Entre los beneficios inmediatos se incluyen servicios de cuidado en el hogar, ayudas técnicas para la movilidad y programas específicos de habitabilidad.
Para organizar la entrega de estos apoyos, se ha creado el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, una herramienta clave para identificar a los beneficiarios.
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La inscripción en este registro permitirá canalizar transferencias monetarias y facilitar el acceso a redes locales de servicios sociales y municipales. El sistema se implementará de forma progresiva, ajustando la oferta de programas según los requisitos de vulnerabilidad y dependencia de cada grupo familiar.
El Ministerio de Desarrollo Social liderará esta coordinación intersectorial para asegurar que las prestaciones lleguen con pertinencia cultural a todo el territorio. Con esta ley, el país propone una reorganización del contrato social donde el bienestar deja de ser un asunto privado para convertirse en una responsabilidad compartida.
