La codicia en las aguas más australes del mundo ha recibido un golpe judicial definitivo que resuena en todo el sector pesquero. La justicia chilena ratificó que las reglas en el mar no son sugerencias, sino leyes ineludibles.
Un armador de Punta Arenas deberá enfrentar una sanción que supera los 97 millones de pesos tras ser sorprendido en una operación clandestina.
Bajo el disfraz de una lancha de transporte, la embarcación fue capturada extrayendo el “oro rojo” de Magallanes sin ninguna autorización. El fallo de la Corte Suprema pone fin a un proceso que dejó al descubierto tácticas para evadir radares y engañar a las autoridades.
No era una lancha de carga, era para pescar
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura detectó que la nave realizaba operaciones de extracción de centolla magallánica (Lithodes santolla). Sin embargo, el registro de la embarcación solo permitía actividades de transporte, prohibiendo cualquier tipo de captura de recursos hidrobiológicos.
La sentencia inicial destacó que el armador utilizó sus viajes de carga como una fachada para saquear el recurso sin contar con la inscripción necesaria.
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Esta falta de permisos no es solo una omisión administrativa, sino una amenaza directa a la sostenibilidad del ecosistema marino antártico. Al operar fuera de la ley, el infractor puso en riesgo las cuotas de captura diseñadas para proteger la supervivencia de la especie.
La justicia fue tajante: quien tiene permiso para mover mercancía no puede, bajo ninguna circunstancia, lanzar redes para recolectar producto.
Radar apagado y fiscalización nula
La sanción total de 97,8 millones de pesos se divide en tres infracciones graves que agravan la conducta del dueño de la lancha.
La primera multa, de 600 UTM, corresponde estrictamente a la captura no autorizada de la centolla en aguas de la Región de Magallanes. Otras 600 UTM se aplicaron por la manipulación del sistema de posicionamiento satelital, obligatorio para todas las naves de transporte.
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En lugar de transmitir su ubicación cada 15 minutos como exige la ley, el armador configuró el equipo para emitir señal solo cada una hora.
Este “apagón” deliberado de 45 minutos permitía a la nave realizar maniobras de pesca en zonas prohibidas sin ser detectada por los radares oficiales. Finalmente, se sumaron 200 UTM por obstaculizar activamente la labor de los inspectores de Sernapesca durante los procedimientos de control.
