La diplomacia entre Santiago y Washington enfrenta un terremoto inesperado en marzo de 2026, a solo días del cambio de mando en Chile. El Departamento de Estado de EE.UU. aplicó restricciones de visado que impiden el ingreso de autoridades nacionales a suelo estadounidense.
La medida, anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, apunta a funcionarios del gobierno saliente por presuntas amenazas a la seguridad hemisférica.
Aunque Chile es el único país sudamericano en el programa Visa Waiver, esta sanción específica marca un precedente de tensión inédito en la relación bilateral. El anuncio se produce en plena transición, mientras Gabriel Boric se prepara para entregar la banda presidencial a José Antonio Kast el próximo 11 de marzo.
Washington sostiene que los implicados habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones, socavando la estabilidad de la región. Acompáñenos a desglosar el alcance de esta prohibición y la enérgica respuesta de la Cancillería chilena ante las acusaciones del gigante del norte.
Los fundamentos de la medida desde la Casa Blanca
Según la declaración oficial de Marco Rubio, las autoridades sancionadas habrían dirigido o financiado actividades que debilitan la seguridad continental.
El gobierno estadounidense no reveló los nombres de los afectados, pero confirmó que tanto ellos como sus familiares directos tienen prohibido pisar Estados Unidos. Esta decisión se interpreta como una señal política de la administración Trump hacia el legado del gobierno de izquierda que termina su periodo en Chile.
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Rubio fue enfático al señalar que estas acciones empañan el cierre del mandato de Boric a costa de la seguridad del pueblo chileno.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca manifestó su intención de colaborar estrechamente con la futura administración de Kast en prioridades de seguridad comunes. La cancelación inmediata de cualquier visa vigente para estos funcionarios subraya la gravedad con la que Washington califica los hechos denunciados.
Chile cita al embajador
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile reaccionó con total sorpresa, asegurando que no existió ninguna notificación oficial previa al anuncio público.
El canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, para exigir aclaraciones urgentes sobre los fundamentos de la medida. Desde el gobierno chileno rechazaron tajantemente las acusaciones, negando cualquier participación en iniciativas que pongan en peligro a otros países.
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Para la Cancillería, esta acción viola los protocolos diplomáticos básicos entre aliados históricos y estratégicos como lo son Chile y Estados Unidos.
Consideran que la medida es incompatible con la profundidad del diálogo bilateral que ambos países han mantenido durante décadas en diversas materias. Mientras se aclara la identidad de los afectados, la incertidumbre crece sobre cómo este conflicto afectará la permanencia de Chile en el programa de exención de visas.
