La implementación de una de las reformas sociales más esperadas del último tiempo ha quedado en suspenso. En los últimos días se confirmó que el Ejecutivo ordenó retirar desde la Contraloría General un reglamento clave de la Ley de Adopción.
La decisión afecta directamente a la Ley 21.760, diseñada originalmente para acelerar los procesos de enlace entre niños y familias.
El retiro del Decreto Supremo N° 2 del Ministerio de Desarrollo Social impide, por ahora, que la ley entre en vigencia efectiva. De inmediato esta medida administrativa tendrá impacto en los tiempos de espera de los menores por tener una nueva familia
Los argumentos para cancelar el decreto
Según la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, esta acción no representa un paso atrás para el país. Su objetivo es trabajar para que el sistema avance bajo estándares de eficiencia y dignidad.
El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aclaró que el retiro busca evaluar mecanismos que agilicen aún más el derecho a vivir en familia.
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Se trata de una facultad utilizada por administraciones entrantes para ajustar los reglamentos a su visión de gestión pública. El documento enviado a la contralora Dorothy Pérez especifica que la suspensión tiene como fin proceder a una actualización del texto.
Esta pausa técnica se da en un contexto donde se busca garantizar que los menores crezcan en ambientes de cuidado óptimos, de acuerdo al criterio del nuevo gobierno de derecha.
El reingreso y las expectativas de las familias de acogida
El Gobierno ha comprometido un plazo de catorce días para reingresar el reglamento corregido a la oficina de la Contraloría General. Esta promesa es seguida de cerca por miles de familias de acogida, personas solteras y parejas con Acuerdo de Unión Civil.
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La nueva ley permitía que estos grupos tuviesen mayores posibilidades de concretar adopciones legales de forma más expedita que el sistema antiguo.
Para los habitantes de Chile, la vigencia de esta norma es crucial para descongestionar los centros de protección. El Presidente José Kast ha respaldado la medida, asegurando que la prioridad son los niños y adolescentes.
