Ministra Rincón anuncia dos proyectos de ley para frenar alzas en cuentas de la luz provocadas por retrasos en fijación de tarifas y procesos de reliquidación pendientes. La acumulación de deudas técnicas por retrasos administrativos ha generado una presión tarifaria que requiere de soluciones legislativas urgentes.
La estrategia busca contener el incremento que debía aplicarse originalmente el 1 de abril, postergando el cobro de saldos acumulados con las empresas distribuidoras.
Se estima que el retraso en la dictación de decretos específicos ha generado una diferencia de facturación cercana a los 900.000 millones de pesos. Este escenario obliga al Ejecutivo a buscar fórmulas que permitan saldar los compromisos con la industria sin traspasar costos excesivos de forma inmediata a los usuarios.
Mecanismos de estabilización y pago de deudas acumuladas
La primera iniciativa legislativa tiene como objetivo central establecer un sistema que gestione el Valor Agregado de Distribución acumulado durante los últimos años. Este componente es el que remunera a las redes eléctricas, y su falta de actualización oportuna generó deudas que el regulador ha decidido pausar por un periodo de seis meses.
El proyecto busca que el pago de estas obligaciones se realice de manera gradual, evitando que el alza varíe drásticamente según la zona geográfica de residencia de los clientes.
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Asimismo, se pretende dar certeza al sistema tarifario para los clientes regulados, impidiendo que factores externos o retrasos burocráticos disparen el valor del kilovatio hora. La ministra subrayó que la meta es dar estabilidad al sistema mientras se resuelve la compleja situación financiera heredada por la falta de decretos actualizados.
Con esto, se intenta equilibrar la sostenibilidad de las empresas eléctricas con el derecho de la ciudadanía a acceder a una energía a precios justos y previsibles.
Reformas reglamentarias y almacenamiento de energía
El segundo proyecto de ley apunta a corregir las fallas estructurales que provocan que los procesos de fijación de tarifas de transmisión y distribución acumulen meses de atraso. La gestión actual busca agilizar estos trámites en la Contraloría para otorgar certidumbre a una industria que requiere reglas claras para mantener sus niveles de inversión.
En este contexto, se han reingresado decretos que regulan la operación del Sistema Eléctrico Nacional, incorporando ajustes sobre la generación distribuida.
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Una de las modificaciones relevantes establece que los pequeños medios de generación que sumen sistemas de almacenamiento no podrán acogerse a ciertos mecanismos de estabilización previos. Estos ajustes técnicos buscan perfeccionar el funcionamiento de los sistemas medianos y asegurar que las obras de transmisión presentadas cumplan con los criterios de la Comisión Nacional de Energía.
La rapidez en la promulgación de estas normas será clave para que el mercado eléctrico opere bajo estándares de eficiencia que finalmente se traduzcan en cuentas más baratas. El Gobierno ratificó su compromiso de trabajar en una agenda que priorice la protección de los consumidores frente a las distorsiones del mercado global y local.
