La presión sobre el Palacio de La Moneda aumenta, mientras el equipo económico busca una salida técnica. Chile enfrenta una deuda acumulada con las empresas distribuidoras que supera los US$ 800 millones, producto del congelamiento tarifario aplicado desde 2020.
Aunque la Superintendencia de Electricidad y Combustibles postergó el cobro hasta julio, la ministra Ximena Rincón anunció que la fórmula definitiva llegará antes.
El desafío radica en pagar lo adeudado sin disparar la inflación ni asfixiar el presupuesto de las familias en pleno invierno. Hay alternativas que baraja el subsecretario Hugo Briones para amortiguar el impacto en las boletas mensuales.
Entre la ley vigente y el subsidio de la luz
La primera opción, y la más inmediata, es aplicar la normativa actual de la SEC, que instruye a las empresas a cobrar los montos pendientes directamente. Bajo esta fórmula, el 65% de los clientes vería un alza del 5%, mientras que un segmento menor enfrentaría incrementos de hasta dos dígitos.
Una segunda vía heredada de la administración anterior propone un proyecto de ley con un cargo promedio de $1.450 por hogar durante cuatro años.
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Esta alternativa incluye un subsidio estatal para que el 40% más vulnerable de la población quede exento del costo adicional de la deuda. Sin embargo, esta propuesta no considera las fluctuaciones del mercado que ocurrirán en los próximos dos años, lo que abre paso a estrategias más sofisticadas.
La ministra Rincón enfatizó que el objetivo es encontrar un equilibrio que no “bicicletee” la deuda eternamente pero que sea socialmente responsable.
El cargo diferenciado para evitar intereses bancarios
La tercera opción, defendida por expertos como Humberto Verdejo, propone un cargo único diferenciado que aprovecha una baja proyectada para enero de 2028. Al disminuir el cobro por el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) en esa fecha, se abriría un espacio tarifario para pagar la deuda actual sin subir la cuenta final.
Este modelo propone un alza mínima del 2% ahora, compensándola con un pago mayor en 2028, cuando otros costos del sistema eléctrico ya hayan bajado.
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La cuarta y última alternativa sería bancarizar la deuda, lo que postergaría el impacto inmediato pero sumaría un alto costo financiero por intereses. Actualmente, los intereses acumulados ya suman US$ 106 millones, una cifra que crece con cada mes que se pospone la decisión definitiva.
