La ley de las apuestas digitales en Sudamérica vive un lunes 9 de marzo de 2026 marcado por visiones opuestas en las potencias regionales. Mientras Chile acelera la marcha para formalizar un mercado que mueve millones en la sombra, Brasil ha decidido declarar la guerra total a los casinos digitales.
El presidente Lula da Silva sorprendió al continente al anunciar que buscará prohibir por completo estas plataformas en territorio brasileño. Según el mandatario, la adicción al juego se ha convertido en un “drama familiar” donde el presupuesto para comida y arriendo desaparece en la pantalla de un celular.
Esta decisión choca frontalmente con la tendencia chilena, que busca capturar los tributos de una industria que hoy opera mayoritariamente desde el extranjero. Así se ve el contraste entre la prohibición y la legalización extrema está reconfigurando la economía digital en el Cono Sur.
Los argumentos de Lula para erradicar los casinos digitales
Brasil enfrenta una paradoja legal: aunque los casinos físicos están prohibidos hace décadas, las aplicaciones de apuestas inundaron el país mediante vacíos legales. Estas empresas se transformaron en los principales financistas del fútbol brasileño, auspiciando a gigantes como Flamengo, Corinthians y Palmeiras.
Sin embargo, para el gobierno de Lula, el costo social del endeudamiento masivo de los hogares supera cualquier beneficio por auspicios o impuestos.
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El mandatario enfatizó que, si bien la mayoría de los apostadores son hombres, las principales víctimas de la quiebra económica son las mujeres y los niños. La ofensiva brasileña incluirá al Congreso y al Poder Judicial para cerrar definitivamente el acceso a estos sitios y aplicaciones en todo el país.
Esta postura radical busca proteger la seguridad alimentaria de las familias frente a un mercado que Brasil considera depredador y fuera de control.
Ley con altas tasas de impuestos y riesgo de mercado negro
En la otra vereda, Chile intenta avanzar en una ley que otorgue licencias oficiales bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos. El objetivo nacional es retener parte de los US$ 3.100 millones que se fugan anualmente hacia plataformas internacionales sin dejar beneficios al fisco.
No obstante, el proyecto chileno enfrenta críticas por su alta carga tributaria, que sumando el IVA y gravámenes específicos, podría llegar al 38%.
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Expertos advierten que impuestos tan elevados podrían ser contraproducentes, incentivando a que los usuarios sigan operando en sitios ilegales o “espejo”. Actualmente, el mercado offshore capta más del 80% de la actividad en Chile, desafiando constantemente los bloqueos tecnológicos impuestos por la justicia.
El desafío para el Congreso este 2026 será encontrar el punto de equilibrio entre la recaudación estatal y la viabilidad del negocio formal.





