El millonario litigio civil entre dos de las principales instituciones bancarias del país ha entrado en una fase de entrampamiento legal que amenaza con postergar indefinidamente una resolución de fondo. La disputa por más de $33 mil millones enfrenta a BancoEstado y Banco Santander en una batalla judicial que trasciende la simple cobranza de una deuda.
El origen de la controversia radica en las tarifas por transferencias electrónicas hacia la CuentaRUT, un servicio que el banco estatal defiende apelando a sus altos costos de operación logística.
Por su parte, la firma de capitales españoles ha desplegado una intensa estrategia jurídica destinada a congelar la causa civil mediante recursos técnicos y solicitudes de incompetencia. El expediente judicial acumula decenas de folios de incidentes procesales, mientras el debate principal sobre la existencia del impago sigue atrapado en los tribunales.
Esta pugna evidencia cómo las grandes corporaciones utilizan las herramientas del sistema procesal para disputar la hegemonía del mercado financiero y la fijación de precios.
La estrategia del congelador y el factor de libre competencia
La defensa de Santander se fundamenta en un recurso de litispendencia, argumentando que el tribunal civil no debe fallar hasta que se pronuncie un organismo especializado. La entidad privada busca que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelva de manera paralela si las tarifas de 0,01 UF exigidas por BancoEstado resultan abusivas o discriminatorias.
Bajo esta lógica, si el organismo antimonopolio declara ilegal dicho cobro, la demanda civil por miles de millones de pesos quedaría sin sustento jurídico de forma automática.
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Desde la vereda opuesta, la institución pública acusa una maniobra dilatoria instrumental que solo busca postergar el cumplimiento de un contrato vigente suscrito hace tres décadas. A este complejo panorama se sumó la inhabilitación de la jueza titular del caso, quien debió dar un paso al costado por ser cliente activa de ambas entidades bancarias.
Esta vacancia administrativa ha provocado una rotación de magistrados subrogantes, ralentizando aún más un proceso que requiere de continuidad técnica para desenredar los nudos contractuales.
El costo del dinero físico y la guerra de testigos
Un argumento clave introducido por BancoEstado en el marco de este 2026 es el millonario costo operativo que implica mantener disponible el dinero en efectivo en zonas extremas. A través de su red de sucursales y CajaVecina, el banco estatal asegura financiar de facto la conectividad de la que se benefician indirectamente los clientes de la banca privada.
Sostener este ecosistema requiere el despliegue constante de camiones de valores y resguardo de capitales en localidades donde las instituciones privadas no poseen presencia física ni sucursales.
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En el plano probatorio, Santander busca citar a declarar a altos ejecutivos de la competencia para demostrar que los valores cobrados por BancoEstado están completamente fuera del estándar de mercado. La contraparte intenta bloquear estas declaraciones, sosteniendo que el comportamiento de terceros resulta irrelevante para dirimir el cumplimiento de una promesa comercial específica entre dos firmas.
Mientras la tramitación se dilata entre tecnicismos, ninguna de las partes involucradas ha estado dispuesta a detallar públicamente las ganancias o pérdidas derivadas de esta prolongada retención monetaria.
