El sistema de protección social enfrenta un desafío financiero sin precedentes debido a la evolución demográfica de la población extranjera residente en el país. Un estudio especializado proyecta que el gasto destinado a la Pensión Garantizada Universal para migrantes experimentará un crecimiento exponencial en las próximas décadas.
Lo que hoy representa una inversión fiscal acotada, se transformará en un compromiso de miles de millones de dólares hacia mediados de siglo.
Esta situación responde a la maduración de los flujos migratorios masivos que ingresaron al territorio nacional durante la última década. A medida que estas personas alcancen la edad de jubilación y cumplan los requisitos de residencia, la presión sobre las arcas fiscales aumentará de forma sostenida.
La planificación a largo plazo se vuelve indispensable para garantizar la sostenibilidad de un pilar solidario que deberá atender a cientos de miles de nuevos beneficiarios.
Proyecciones de gasto y el impacto en el PIB
El costo fiscal asociado a este beneficio pasará de unos 60 millones de dólares anuales en la actualidad a superar los 1.600 millones de dólares para el año 2050. Este incremento significa que el gasto se multiplicará casi treinta veces, impulsado por el envejecimiento de la población migrante que decidió establecerse de forma definitiva.
En términos macroeconómicos, esta partida presupuestaria llegaría a representar hasta el 0,39% del Producto Interno Bruto nacional hacia el final del periodo proyectado.
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La nacionalidad venezolana liderará este crecimiento a partir de mediados de la década de 2030, reflejando el volumen de ingresos registrados años atrás. El gasto tendrá un foco particular en las mujeres, quienes poseen una mayor expectativa de vida y suelen contar con menores niveles de ahorro previsional individual.
Otras comunidades, como la peruana y la colombiana, mostrarán incrementos más graduales, consistentes con una llegada al país más repartida en el tiempo.
Evolución de beneficiarios y requisitos de residencia legal
El número de personas potencialmente elegibles para recibir la ayuda estatal saltará de unas 13 mil actuales a más de 511 mil individuos en el año 2050. Este salto se explica porque gran parte de la población migrante actual se encuentra en edad laboral activa y aún no cumple los 20 años de residencia exigidos.
El fenómeno de aceleración será especialmente notorio a partir del año 2036, intensificándose significativamente durante la década de 2040.
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Es en ese periodo cuando las grandes cohortes que llegaron entre 2017 y 2024 alcanzarán simultáneamente la edad de 65 años y la antigüedad legal requerida. Las proyecciones asumen que el país mantendrá un flujo migratorio positivo y moderado, sin que ocurran salidas masivas de personas en los próximos años.
Ante estos datos, el Consejo Consultivo Previsional subraya la urgencia de adaptar las políticas públicas para enfrentar una carga financiera que ya es inevitable.
