El Palacio de La Moneda ha decidido golpear la mesa frente a la cultura del no pago en la educación superior chilena. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzó una advertencia directa a los morosos del Crédito con Aval del Estado.
La instrucción a la Tesorería General de la República es clara: iniciar acciones de cobro ejecutivo contra quienes tienen ingresos sobre $1,5 millones mensuales.
El jefe de las finanzas públicas fue enfático al señalar que el beneficio estatal es el acceso al crédito, pero nunca ha sido un derecho social el no pagarlo. La morosidad del sistema ha escalado de forma crítica, pasando de $500 mil millones en 2018 a los actuales $4 billones de pesos.
El Gobierno asegura que no habrá piedad con los sueldos de privilegio.
1.800 morosos ganan más de 5 millones de pesos al mes
Un exhaustivo análisis de las bases de datos de Hacienda reveló una realidad que el ministro Quiroz calificó de inaceptable. Existen 1.800 personas que, pese a percibir remuneraciones brutas superiores a los $5 millones, mantienen deudas impagas con el fisco.
Solo este grupo de élite adeuda al Estado cerca de 20 millones de dólares por concepto de estudios financiados con garantía estatal.
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Quiroz confirmó que la Tesorería actuará con agilidad en juicios ejecutivos que incluyen el embargo de bienes para recuperar los fondos. Si se suman todos los deudores que ganan más de $1,5 millones, la cifra total que el Gobierno pretende recaudar asciende a 800 millones de dólares.
La autoridad cuestionó éticamente a quienes, habiendo alcanzado el éxito profesional gracias al crédito, hoy eluden su responsabilidad financiera.
El plan para no afectar a quienes enfrentan desempleo
El ministro aclaró que esta ofensiva no busca realizar una “caza de brujas” contra los sectores más golpeados por la economía. Aquellos profesionales que han tenido problemas de empleo o ingresos insuficientes pueden estar tranquilos, pues se les garantiza un trato correcto.
La estrategia se centra exclusivamente en el 20% de los morosos totales que sí tienen capacidad de pago pero han optado por la omisión.
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En paralelo, el Gobierno ratificó que la gratuidad para los alumnos actuales no sufrirá modificaciones, protegiendo el beneficio de quienes ya estudian. Sin embargo, para futuros ingresos, se planean límites de edad, excluyendo la gratuidad para aquellos que decidan matricularse después de los 30 años.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca sanear las arcas fiscales y reinstaurar el cumplimiento de las obligaciones en el sistema de financiamiento educativo.
