Los presuntos fraudes en la asignación de recursos estatales destinados a los sectores más vulnerables de la población generan una inmediata indignación en la opinión pública. El uso de artimañas administrativas para desviar beneficios sociales hacia personas con alto patrimonio desestabiliza la credibilidad de las instituciones encargadas de la vivienda.
Esta compleja situación quedó al descubierto tras una acusación que involucra a familiares directos de una alta autoridad legislativa de la zona austral.
El ocultamiento de información socioeconómica permitió simular una falsa condición de precariedad material para acceder a un exclusivo proyecto habitacional. Conocer los mecanismos de postulación y las redes comerciales de los implicados resulta fundamental para dimensionar el alcance de las irregularidades detectadas.
Denuncia por ocultamiento de datos y adjudicación de vivienda
El Servicio de Vivienda y Urbanización denunció que la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme omitió antecedentes para obtener un subsidio social. La mujer identificada como Susan Chicuy fue beneficiada en el proyecto Estepa Austral 1 tras declarar una falsa situación de hacinamiento.
La postulante omitió su vínculo con el parlamentario y padre de sus 3 hijos, con quien comparte 4 sociedades comerciales.
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De haberse declarado los ingresos reales y el patrimonio inmobiliario del legislador, la postulación habría quedado fuera de los márgenes requeridos. El subsidio DS19 del programa de integración exigía que al menos el 70% de los beneficiarios perteneciera al 40% más vulnerable.
La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, inició una investigación penal para establecer la veracidad de los hechos denunciados.
Mecanismo de asignación invertido y las millonarias empresas familiares
La denuncia del organismo estatal sostiene que la beneficiaria fue incorporada mediante un mecanismo irregular para reemplazar a otro postulante original. La exjefa de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún, habría entregado el nombre directamente a la empresa privada constructora en un proceso a la inversa.
La exfuncionaria rechazó las acusaciones argumentando que revisaron cerca de 5000 postulaciones en un periodo complejo de alta demanda residencial.
Lleucún afirmó desconocer el nexo sentimental y acusó una persecución institucional y un constante hostigamiento en su contra desde hace 4 años. Las pericias comerciales detallan que una de las firmas compartidas por la pareja acumuló contratos públicos por más de 1096 millones de pesos.
Estos millonarios convenios con entidades del Estado se ejecutaron de forma continua en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2025.
