La fe pública ha recibido un duro golpe tras revelarse un esquema de venta ilegal de documentos. Una investigación liderada por la Fiscalía de Talagante permitió desarticular una asociación criminal dedicada a la comercialización de licencias de conducir.
El operativo, ejecutado por el OS-9 de Carabineros y el GOPE, culminó con siete personas detenidas, cinco de ellas funcionarios municipales activos.
Acompáñenos a desglosar el “tarifario” de esta red que operaba desde 2023 y las graves irregularidades detectadas en los exámenes de conducción. Explore cómo los implicados lograban vulnerar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos para beneficiar a sus clientes.
Del examen teórico al domicilio falso
La organización criminal no solo vendía el cartón plástico, sino que ofrecía un servicio completo para saltarse toda la normativa vigente. Según los antecedentes policiales, los funcionarios involucrados llegaban al extremo de rendir los exámenes teóricos en lugar de los interesados.
En otros casos, se permitía a los compradores omitir completamente el examen práctico, poniendo en riesgo la seguridad vial de toda la Región Metropolitana.
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La red también facilitaba domicilios falsos para quienes no residían en la comuna y adelantaba fechas de trámites para evitar las largas esperas legales. Incluso contaban con intermediarios que proveían certificados de estudios y de cursos de conducción falsificados para completar los expedientes municipales.
Este esquema permitía que personas sin las capacidades técnicas o legales mínimas obtuvieran el permiso de circulación de manera expedita.
Cobros de hasta $500 mil y blanqueo de deudores de alimentos
El costo por obtener la licencia de manera fraudulenta variaba según la situación documental del solicitante, llegando a cifras millonarias. Testigos reservados confirmaron que el valor base era de $400.000, pero la cifra subía a medio millón si el cliente no tenía sus certificados de estudio.
Una de las aristas más polémicas de la investigación es la eliminación de interesados del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
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A través de manipulaciones informáticas, los funcionarios permitían que deudores morosos burlaran la ley que les impide renovar u obtener su licencia. La fiscal jefa de Talagante, Tania Sironvalle, dirige las diligencias que incluyeron el allanamiento de departamentos de Tránsito, Administración y Finanzas.
Los siete detenidos enfrentan ahora cargos por asociación criminal, cohecho, falsificación y uso malicioso de documento público ante los tribunales.
