La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso decisivo en la modificación de las políticas de asistencia social del país. El ecosistema político chileno procesa el avance de un proyecto de ley que busca restringir derechos fiscales.
Con 95 votos a favor, la iniciativa pretende establecer barreras más estrictas para quienes no poseen una situación migratoria regularizada.
La propuesta legislativa ahora se traslada al Senado, donde se discutirá el futuro de las prestaciones económicas y sociales de cargo fiscal. Beneficios están hoy en la mira, lo que cambiaría la realidad para miles de familias en situación de vulnerabilidad.
El actual escenario de las prestaciones básicas para extranjeros
Hoy en día, la Ley de Migración y Extranjería garantiza el acceso a la salud y la educación basándose en principios de igualdad de condiciones. Los inmigrantes irregulares acceden actualmente al tramo A de Fonasa, lo que les permite recibir atención gratuita en la red pública sin copagos.
En el ámbito educativo, el Estado asegura que ningún menor de edad vea limitado su ingreso a clases por la condición migratoria de sus tutores.
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Esto incluye el acceso a la alimentación de Junaeb, la entrega de útiles escolares y la obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Sin embargo, el nuevo proyecto propone que se pueda priorizar la atención médica y la cobertura escolar en favor de los ciudadanos chilenos.
Esta medida busca reordenar la distribución de recursos públicos en un contexto de alta demanda y presupuestos estatales cada vez más ajustados.
La cédula como requisito: El fin del acceso al Registro Social de Hogares sin documentación
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la exigencia de una cédula de identidad vigente para inscribirse en el Registro Social de Hogares. Si bien el Registro Civil ya solicita este documento, la ley busca sellar cualquier resquicio que permita el ingreso de personas en situación irregular.
Para acceder a aportes económicos directos, como subsidios habitacionales o de arriendo, la propuesta exige además la residencia definitiva en Chile.
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Actualmente, los menores de edad pueden ser ingresados al sistema por un adulto responsable, incluso si este último se encuentra en condición irregular. El Servicio de Migraciones ha advertido sobre el impacto que esto podría tener en la protección de niños, niñas y adolescentes que dependen del Estado.
La resolución de este conflicto legal marcará un precedente sobre cómo el país equilibra los derechos humanos con el control de sus fronteras.
