La discusión sobre las facultades fiscalizadoras de los empleadores y la privacidad de los postulantes a un puesto laboral ha vuelto a instalarse. El equilibrio entre el resguardo de la productividad empresarial y los derechos fundamentales de los trabajadores constituye una de las materias más complejas de resolver en el ámbito del derecho laboral.
Una innovadora propuesta legislativa avanza en su tramitación en el Congreso Nacional con el objetivo de dotar a las compañías de nuevas herramientas de control preventivo.
La posibilidad de aplicar test de drogas antes de sellar un vínculo contractual despierta intensas posturas entre los diversos sectores políticos. Quienes apoyan la iniciativa argumentan que el uso de ciertas sustancias ilícitas deteriora de manera directa el rendimiento y aumenta la tasa de accidentabilidad en las faenas.
El análisis de esta reforma obliga a las comisiones a ponderar con extrema cautela los criterios de seguridad industrial frente a las garantías individuales de la ciudadanía.
Modificación del Código del Trabajo y exigencias del reglamento interno
Un grupo de parlamentarios RN ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley enfocado en autorizar la exigencia de exámenes de drogas previo a la contratación. La propuesta, que se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional, busca introducir modificaciones estructurales en el articulado del Código del Trabajo vigente.
La normativa establece de forma taxativa que las empresas solo podrán aplicar este requerimiento si sus reglamentos internos prohíben explícitamente el consumo de estupefacientes.
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Asimismo, la jefatura deberá demostrar un vínculo técnico directo entre el uso de estas sustancias y los riesgos potenciales para la seguridad o la productividad del recinto. La diputada Ximena Ossandón argumentó que la medida apunta a robustecer el clima organizacional y hacer más eficientes y dinámicos los procesos de reclutamiento de personal.
Los impulsores sostienen que las contrataciones requieren filtros óptimos para evitar que los entornos productivos se vinculen con dinámicas ligadas al comercio delictivo.
Posturas parlamentarias y resguardo de la seguridad en rubros de alto riesgo
El debate legislativo sumó el respaldo de diversos sectores, quienes comparan esta prueba con las evaluaciones psicológicas tradicionales que miden la idoneidad para un cargo. El diputado Jaime Mulet enfatizó que el consumo de drogas ilícitas genera nexos indirectos con las redes del narcotráfico, afectando el desempeño laboral y la salud del afectado.
Por su parte, desde el Partido de la Gente recalcaron la urgencia de validar estas herramientas en sectores estratégicos como la minería, el transporte de carga y la industria pesada.
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En dichas áreas de alta complejidad operativa, cualquier error derivado de la alteración de la conciencia puede desencadenar consecuencias fatales para el resto de la dotación. En este 2026, la judicatura laboral advierte que el análisis de la propuesta debe avanzar con responsabilidad, resguardando la privacidad y la dignidad de cada postulante.
La viabilidad de la reforma dependerá de la creación de protocolos estrictos que impidan la arbitrariedad o la discriminación durante los procesos de selección de las empresas.
