El inicio de una nueva administración suele traer cambios en la comunicación oficial, pero hay reglas que no se pueden borrar con un clic. Este viernes 13 de marzo de 2026, el organismo fiscalizador ha recordado una norma fundamental para la convivencia democrática en la era digital.
Ningún funcionario público, desde ministros hasta directores de servicio, tiene la facultad de silenciar a los usuarios en sus redes sociales.
Si usted intenta revisar una actualización oficial y se encuentra con un muro digital, sepa que está frente a una irregularidad administrativa. La transparencia no es opcional y el acceso a la información gubernamental es un derecho protegido por la ley chilena.
Cuentas personales con fines públicos tienen prohibido tener candado
La Contraloría General de la República ha establecido criterios estrictos mediante el dictamen N.º 18.671, vigente para todo funcionario estatal.
Cuando una autoridad utiliza su perfil para difundir hitos, políticas o gestiones de su cargo, la cuenta adquiere un carácter institucional. Al convertirse en un canal de comunicación del Estado, se rige por los principios de publicidad y acceso a la información pública.
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Esto impide que el titular de la cuenta bloquee de forma arbitraria a ciudadanos que deseen leer o interactuar con el contenido.
Incluso si la cuenta fue creada antes de asumir el cargo, el uso que se le da hoy determina su obligación de apertura total. La única excepción permitida es la moderación de insultos, pero nunca la restricción total del acceso al perfil de la autoridad.
Cómo denunciar el bloqueo ante el organismo fiscalizador
Si un funcionario del nuevo gobierno ha restringido su acceso a una cuenta de interés público, el proceso de denuncia es directo y gratuito.
El afectado debe ingresar al portal oficial de la Contraloría y dirigirse a la sección de “Atención Ciudadana” para iniciar el trámite. Es fundamental realizar una captura de pantalla donde se visualice claramente que la cuenta ha bloqueado su perfil personal.
Dentro del formulario de “Denuncia en línea”, se debe identificar el nombre de la autoridad y la plataforma donde ocurrió el incidente digital.
Citando los dictámenes N.º 18.671 y N.º 6.696, el organismo iniciará una investigación que puede obligar al funcionario a desbloquear al usuario. La fiscalización busca asegurar que las redes sociales no se conviertan en cámaras de eco, sino en espacios de rendición de cuentas.
