El Poder Judicial impulsa la reasignación de 615 millones de pesos con el objetivo de sustituir los 22 vehículos que se encuentran en el estado más deteriorado. El intento de actualizar los automóviles destinados a las altas autoridades judiciales vuelve a posicionarse en el centro de las discusiones sobre la gestión de fondos estatales.
Este plan de modernización sectorial avanza mediante reconfiguraciones internas de dinero para sortear los límites de gasto impuestos por el Ministerio de Hacienda.
La justificación de la medida se apoya en el desgaste material de las unidades que superan la década de uso en el traslado de los funcionarios. Conocer el monto de la inversión, los modelos afectados y los antecedentes de controversias previas resulta fundamental para dimensionar el alcance de la propuesta.
Gestión de fondos para casos críticos en Poder Judicial
La justificación principal de la iniciativa radica en que una parte considerable del parque automotor de la institución tiene hasta 14 años de antigüedad. Actualmente, el organismo opera con un total de 155 vehículos que fueron fabricados en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015.
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La directora interina de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo, expuso la medida durante la revisión del Programa Presupuestario 2027-2031. La presentación advirtió que el Ministerio de Hacienda exige un modelo de planificación vinculante que restringe el gasto al presupuesto aprobado para el año 2026.
Debido a la estrechez fiscal vigente, la renovación vehicular debió gestionarse mediante transferencias internas al no contar con financiamiento directo para este periodo.
Priorización de las cortes de apelaciones y el inventario de control nacional
El Consejo Superior de la corporación, liderado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, acordó incluir la renovación en las proyecciones presupuestarias futuras. La primera fase del plan estratégico busca priorizar de forma exclusiva el reemplazo de los automóviles asignados a los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país.
Para ejecutar las siguientes etapas, las autoridades ordenaron la confección de un inventario a nivel nacional que detalle el año de fabricación y conservación de cada máquina.
Esta materia técnica ya provocó conflictos en el pasado, causando la desvinculación de 2 directivos de la corporación tras un sumario administrativo. Dicha sanción ocurrió luego de la fallida compra en el año 2024 de 22 automóviles de la marca Lexus, evaluados en casi 60 millones de pesos cada uno.
El nuevo enfoque institucional pretende avanzar en la modernización del parque automotriz de manera gradual, alineándose con las metas de eficiencia exigidas por el Gobierno.
