El sistema de educación superior en Chile, un pilar social inamovible por años, enfrenta hoy su mayor desafío legislativo. El presidente José Antonio Kast sacudió el tablero político con nuevo anuncio que elimina beneficio clave.
Desde la localidad de Lirquén, el mandatario detalló una serie de ajustes estructurales para financiar la recuperación tras los incendios del verano. La propuesta central apunta directamente a la gratuidad universitaria, un beneficio que podría dejar de ser universal para ciertos grupos.
El Gobierno busca redireccionar los recursos fiscales hacia la inversión y la reconstrucción, generando una inmediata controversia en el sector estudiantil. Habrá un sector que perdería el beneficio, al cambiar las reglas del juego para los deudores del Crédito con Aval del Estado.
Elimina beneficio para mayores de 30 años
La medida más disruptiva del proyecto establece que solo las personas de hasta 30 años podrán postular o mantener la gratuidad universitaria. Esto significa que miles de estudiantes de carreras vespertinas o adultos que buscaban su primer título quedarían excluidos del financiamiento total.
Además, la iniciativa propone congelar la expansión del beneficio, impidiendo que familias de deciles de ingresos superiores puedan acceder a él en el futuro.
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Para el Ejecutivo, esta restricción es necesaria para asegurar que el gasto público se concentre en la emergencia nacional y en la juventud temprana. La decisión marca un quiebre con la política iniciada en 2014, que buscaba la cobertura universal del costo de los estudios superiores.
El debate en el Congreso se anticipa intenso, ya que la oposición defiende la educación como un derecho adquirido sin distinción de edad.
Fortalecimiento del cobro y fin a la promesa de condonación
Junto con los límites a la gratuidad, el proyecto introduce cambios severos en el sistema de financiamiento mediante créditos bancarios. El Gobierno ha descartado cualquier tipo de condonación y, por el contrario, busca fortalecer los mecanismos de cobro a los deudores del CAE.
El objetivo es mejorar la recuperación de los recursos fiscales que hoy se encuentran estancados por la alta morosidad del sistema.
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Esta postura entierra definitivamente el proyecto del FES impulsado por la administración anterior, que pretendía reemplazar el crédito por un fondo estatal. La administración de Kast apuesta por la responsabilidad financiera individual para sostener el engranaje de la educación superior.
El proyecto ingresará con suma urgencia, poniendo a prueba la mayoría oficialista en ambas cámaras para lograr una aprobación rápida.
