La seguridad en los establecimientos educacionales ha dado un giro histórico tras una publicación clave en el Diario Oficial. La nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar abre la puerta a una medida inédita: la instalación de pórticos detectores de metales en las escuelas para revisar a estudiantes.
Esta normativa responde a una escalada de violencia que ha impactado al país, incluyendo ataques con armas blancas y artefactos incendiarios en las aulas.
Sin embargo, la presencia de estos dispositivos no será inmediata, pues la ley establece una serie de filtros y regulaciones que los colegios deben sortear. Es complejo el camino administrativo que enfrentan los sostenedores y las exigencias técnicas impuestas por el Ejecutivo.
El acuerdo de la comunidad educativa y la falta de presupuesto específico se convierten en los principales nudos críticos de esta iniciativa.
Instalar detectores de metales para revisar a estudiantes
La implementación de tecnología para detectar armas no es una obligación, sino una herramienta opcional para los colegios que lo estimen necesario. El primer obstáculo es un reglamento que el Ministerio de Educación y el de Seguridad Pública deben redactar en un plazo máximo de doce meses.
Sin este documento, que entregará los criterios técnicos y procedimientos claros, ningún establecimiento puede proceder con la instalación física.
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Además, cada colegio debe elaborar un protocolo interno que resguarde los derechos fundamentales, la vida privada y el interés superior del niño. Este protocolo requiere la aprobación de la Subsecretaría de Educación y un informe técnico previo del Ministerio de Seguridad para validar su pertinencia.
Por último, el sostenedor debe contar con el respaldo del consejo escolar, asegurando que la medida sea fruto de un consenso y no de una imposición.
¿Quién paga por la tecnología en la educación pública?
Uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación es que no contempla recursos frescos ni financiamiento específico para estos equipos. Los sostenedores deberán buscar alternativas en fondos existentes, como la Subvención Escolar Preferencial (SEP) o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
Esta limitación presupuestaria podría generar una brecha de seguridad entre comunas con mayores recursos y aquellas dependientes de los Servicios Locales (SLEP).
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Mientras algunos municipios evalúan la medida, otros han optado por reforzar el enfoque preventivo y el trabajo comunitario con las familias. Desde el sector privado, se valora el respaldo jurídico de la ley, aunque surgen dudas operativas sobre quién será el encargado de revisar las pertenencias.
La expectativa del Gobierno es que los primeros detectores comiencen a operar a mitad de año, marcando un cambio irreversible en la convivencia escolar.
