Un control de identidad rutinario se transformó en una pesadilla legal que ha terminado por sentar un precedente judicial. El Estado de Chile deberá desembolsar la suma de $30 millones de pesos tras un fallo que desnuda las falencias de los protocolos policiales.
La víctima, un estudiante de gastronomía, vio cómo su vida se detenía abruptamente al ser confundido con un prófugo de la justicia en plena vía pública.
Lo que debió ser una verificación de antecedentes terminó en un arresto traumático frente a sus compañeros de estudios y profesores. El tribunal calificó el actuar de los agentes como un “grosero descuido”, señalando que la privación de libertad fue completamente injustificada.
En este caso, una búsqueda de internet pudo haber evitado tres días de encierro injusto.
Tres días en el calabozo y preso por error policial
El calvario del joven comenzó cuando Carabineros lo interceptó bajo la sospecha de mantener una orden de captura vigente emanada desde Cañete. A pesar de las explicaciones del estudiante, los funcionarios procedieron con el arresto, trasladándolo de inmediato a una unidad policial de Antofagasta.
Durante 72 horas, el joven permaneció privado de libertad en un calabozo, enfrentando la angustia de un proceso judicial que no le correspondía.
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La investigación judicial posterior reveló que existían al menos 18 personas con el mismo nombre registrado en las bases de datos nacionales. El magistrado del Primer Juzgado Civil de Antofagasta enfatizó que bastaba una simple verificación de datos adicionales para descartar la detención.
Esta falta de prolijidad técnica fue el argumento central para determinar la responsabilidad del Fisco en la vulneración de los derechos del ciudadano.
Los fundamentos tras la condena de $30 millones contra el Estado
La resolución judicial acogió la demanda civil estableciendo que el episodio constituye una “manifiesta falta de servicio por parte de funcionarios públicos”.
El monto indemnizatorio busca reparar el daño moral y la exposición pública negativa que sufrió el estudiante frente a su círculo académico. El tribunal determinó que la humillación de ser arrestado injustamente y el estrés del encierro dejaron secuelas que deben ser compensadas económicamente.
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Este fallo enciende las alertas sobre la necesidad de actualizar los sistemas de identificación utilizados durante los operativos en la vía pública. Para los expertos legales, esta condena refuerza el derecho de los ciudadanos a exigir prolijidad extrema cuando se trata de su libertad personal.
El estudiante de gastronomía, tras años de litigio, recibe finalmente una reparación que intenta cerrar un capítulo de profunda injusticia en su vida.
