El Palacio de La Moneda se convirtió en el escenario de un encuentro marcado por la tensión y el desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales de la oposición. El Presidente José Antonio Kast se reunió con casi cien alcaldes para discutir los lineamientos de su gestión, pero la cita concluyó con acusaciones de falta de escucha por parte de los jefes comunales.
La controversia central radica en la ratificación presidencial de eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años, una medida que impacta directamente en las arcas municipales.
A pesar de las críticas transversales, el Mandatario reafirmó que no modificará su megarreforma ni retirará la urgencia legislativa al proyecto en el Congreso. Los alcaldes advierten que esta política pública podría generar una ruptura en el funcionamiento básico de las comunas más vulnerables. La sensación de los asistentes al finalizar la jornada fue la de participar en una instancia protocolar que no ofreció soluciones concretas a sus demandas financieras.
El conflicto por el Fondo Común Municipal
La mayor inquietud de los jefes comunales reside en la pérdida de ingresos que nutren el Fondo Común Municipal, el principal mecanismo de redistribución de recursos en el país. La exención de contribuciones implicaría una menor recaudación estimada en 200 millones de dólares, afectando la operatividad de servicios básicos.
El Gobierno adelantó que busca compensar estos recursos mediante la propia megarreforma y no a través de la Ley de Presupuesto anual.
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Esta propuesta no satisface a los alcaldes, quienes consideran que depender de una ley de reconstrucción o del presupuesto le quita autonomía a las municipalidades. Algunos representantes señalaron que la falta de garantías financieras obligará a recortar programas sociales, limpieza de plazas e iluminación de calles. La desconfianza persiste ante lo que califican como un “cheque en blanco” que queda a merced de la voluntad del gobierno de turno.
Seguridad pública y la brecha en el diálogo
El encuentro también abordó la crisis de seguridad, donde los alcaldes solicitaron medidas audaces y una mayor presencia de ministros en terreno. Ante la petición de algunos jefes comunales de desplegar fuerzas militares en zonas críticas, el Presidente respondió con una negativa tajante.
El Ejecutivo optó por enfatizar futuras iniciativas para aumentar la dotación policial, aunque sin detallar plazos ni recursos inmediatos.
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Las voces críticas, como las de los alcaldes de Peñalolén y Maipú, lamentaron lo que definieron como un gobierno burocratizado y con poca calle. Al salir de la reunión, el sentimiento generalizado fue de decepción y amargura ante la falta de flexibilidad para abordar el costo de la vida. La jornada cerró con la percepción de que existe una distancia insalvable entre las políticas nacionales y las necesidades urgentes de los vecinos en los barrios.
