La incertidumbre sobre el costo de la energía eléctrica ha tomado el centro de la agenda económica. El Ejecutivo se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar que el alza tarifaria proyectada para julio golpee los bolsillos ciudadanos.
Bajo la presión de un invierno que se aproxima, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, deslizó una estrategia que permitiría mantener los precios actuales.
La propuesta consiste en adelantar contablemente una baja de costos que, según las proyecciones técnicas, recién debería materializarse en el año 2028. Hay un riesgo latente de los intereses acumulados con las empresas distribuidoras.
El Mecanismo de Protección al Cliente como tabla de salvación
La solución que evalúa el Ministerio de Energía se basa en el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), diseñado originalmente para suavizar transiciones de precios. Briones explicó que al aprovechar la disminución de cargos prevista para inicios de 2028, se podría equilibrar la balanza financiera sin subir la cuenta hoy.
“Lo que todos queremos es que no suba la cuenta de la luz”, afirmó la autoridad, subrayando que la fórmula final busca no impactar la economía doméstica.
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Sin embargo, académicos como Héctor Chávez de la USACH advierten que cada día de prórroga engrosa una deuda que ya superaba los US$ 800 millones. El decreto heredado de la administración anterior contemplaba un alza promedio de $1.450 por 48 meses, un escenario que el equipo de Kast intenta revertir.
Los parlamentarios de la Comisión de Energía sugieren que las empresas eléctricas deberían renunciar al cobro de intereses para facilitar este acuerdo nacional.
Los riesgos de una deuda que crece en la sombra
A pesar del optimismo oficial, expertos calculan que los intereses acumulados por el aplazamiento de tarifas podrían alcanzar cifras astronómicas. Se estima que, de no mediar un cambio en la ley, el monto extra por concepto de intereses podría sumar cerca de 14 mil millones de dólares a largo plazo.
Esta “mochila” financiera es la principal preocupación de los analistas, quienes piden una medida que contemple el cese de la capitalización de intereses.
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A este escenario se suma la actualización del precio nudo promedio en julio, factor que se ve amenazado por la inestabilidad del conflicto en Medio Oriente. El alza del petróleo y las tensiones logísticas globales presionan al alza los costos de generación, lo que obliga al Gobierno a presentar un plan sólido en abril.
La decisión final determinará si el alivio de este invierno será una solución real o simplemente un problema mayor desplazado hacia el final de la década.





