El calendario avanza y con él se consolida un alivio económico con un nuevo aumento en dinero para gran parte de la población mayor en Chile. Desde el pasado 1 de febrero, el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó a aplicar de forma automática el reajuste anual de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Este beneficio, que constituye la base de la protección social para la tercera edad, ha experimentado un incremento que ya se refleja en los depósitos bancarios.
Los beneficiarios menores de 82 años, que hasta hace poco recibían un monto de $224.004, han visto subir su depósito mensual a los $231.732 actuales. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), buscando que el poder adquisitivo de los abuelos no se quede atrás frente a la inflación.
Los dos motivos por los que el dinero podría dejar de llegar
A pesar de ser un derecho adquirido para quienes cumplen los requisitos, existen reglas estrictas que pueden interrumpir el flujo del dinero al banco. La primera causal de suspensión ocurre cuando el beneficiario no cobra su pensión durante seis meses continuos, lo que genera una alerta en el sistema.
En este caso, el IPS emite una resolución de suspensión y el usuario tiene un plazo de medio año para solicitar la reactivación antes de que el beneficio se extinga.
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La segunda razón es la falta de entrega de antecedentes solicitados por el organismo previsional para acreditar que se mantienen las condiciones de vulnerabilidad. Si el beneficiario no presenta la documentación requerida en un periodo de tres meses desde la solicitud, el pago se detiene de forma inmediata.
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Cuándo se pierde definitivamente la PGU
Más allá de la suspensión temporal, la ley establece cuatro escenarios claros donde el Estado pone término final a la entrega de estos recursos mensuales. Además del fallecimiento del titular, una de las causas más comunes de extinción es permanecer fuera del territorio nacional por más de 180 días en un año.
Para recuperar el beneficio tras un viaje prolongado, el pensionado debe acreditar una residencia en Chile de al menos 270 días en el año anterior a la nueva solicitud.
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El sistema también castiga severamente la entrega de antecedentes falsos o incompletos con el fin de engañar al fisco para acceder al dinero. Finalmente, el cumplimiento del requisito de focalización es clave: no se debe integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población.
Si la situación económica del beneficiario mejora significativamente y sale de ese tramo de vulnerabilidad, el Estado dejará de depositar la pensión mensual.
