El glamour de las producciones internacionales y los éxitos en plataformas de streaming han quedado opacados por un crudo enfrentamiento judicial. Jaime Villarreal, el reconocido productor ejecutivo del documental “Mon Laferte, Te Amo”, ha decidido llevar sus diferencias creativas y financieras a los tribunales de Santiago.
Lo que comenzó como una alianza estratégica para conquistar el mercado publicitario chileno terminó en una querella criminal que sacude a la industria audiovisual.
La disputa legal apunta a un exsocio, acusado de traicionar la confianza de la empresa común para desviar negocios millonarios hacia sus propias arcas. Detrás de las cámaras, la relación entre ambos productores se fracturó de forma definitiva, dejando una estela de facturas impagas y proyectos bajo sospecha.
Demanda por tener negocio paralelo
La historia de este conflicto tiene un punto de inflexión marcado en el calendario: el pasado 8 de julio de 2025. Ese día, el exsocio de Villarreal manifestó formalmente su descontento con los resultados económicos de la sociedad “Blackstar Publi SpA”.
Bajo el argumento de que las ganancias no eran suficientes y que el emprendimiento “no era para él”, el hombre decidió dar un paso al costado.
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Sin embargo, la querella presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sostiene que esta salida fue solo una fachada para operar por fuera. Villarreal acusa a su antiguo compañero de haber utilizado la cartera de clientes y los recursos técnicos de la empresa para cerrar tratos privados.
Esta supuesta administración desleal habría provocado un perjuicio patrimonial que hoy se busca reparar mediante la intervención de la justicia chilena.
La pérdida de 600 millones que desató la querella
El golpe más duro para la productora vinculada a Mon Laferte fue la pérdida de un contrato publicitario de proporciones colosales con la empresa Movistar.
Según los antecedentes expuestos en la demanda, el negocio frustrado asciende a la cifra de 600 millones de pesos chilenos. Villarreal sostiene que su exsocio utilizó información privilegiada de la sociedad para quedarse con este proyecto de forma independiente.
El delito de administración desleal que se le imputa busca sancionar el abuso de facultades para beneficiarse a costa del patrimonio ajeno. Mientras la justicia recopila los testimonios y pericias contables, el mundo del cine y la publicidad observa con atención el desenlace de esta batalla.
La transparencia en los negocios audiovisuales está hoy bajo la lupa, en un caso donde el éxito en pantalla no pudo evitar el fracaso en la confianza.
