El debate sobre el futuro de la educación superior en Chile ha tomado un giro inesperado al revelarse las raíces de la nueva política fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que el límite de 30 años para la gratuidad no es una idea exclusiva de su sector.
En una reciente entrevista, el jefe de las finanzas públicas explicó que la medida nació de una comisión experta convocada en 2025 por el exministro Mario Marcel.
Dicho grupo, de carácter transversal, buscaba corregir el déficit estructural del 3,2% del PIB que afectó las arcas fiscales durante el año anterior. La propuesta busca optimizar el gasto público ante el sostenido aumento de la matrícula de adultos en universidades e institutos profesionales.
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El sustento técnico de la comisión de expertos
La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó en 2025 un documento con 34 recomendaciones estratégicas. Entre los firmantes destacan figuras como Matías Acevedo, del gobierno de Piñera, y Sergio Granados, director de Presupuestos de Bachelet.
El análisis reveló que, en 2024, más de 258 mil estudiantes de pregrado tenían 30 años o más, planteando un desafío financiero para el Estado.
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Según el informe, restringir la gratuidad a quienes inicien estudios profesionales tras los 30 años generaría un ahorro de $80.848 millones. Esta medida se aplicaría exclusivamente a carreras profesionales con o sin licenciatura, dejando fuera de la restricción a los Centros de Formación Técnica (CFT).
El objetivo es asegurar que el beneficio llegue a quienes inician su trayectoria educativa temprana sin cerrar otras vías de financiamiento para los adultos.
La estrategia para blindar la sostenibilidad fiscal
Además de la edad, el proyecto contempla eliminar el mecanismo de expansión automática de la gratuidad hacia los deciles más altos. Actualmente, el beneficio se amplía mediante un “gatillo” macroeconómico vinculado al PIB tendencial, algo que el Gobierno busca derogar.
La propuesta sugiere limitar la gratuidad hasta el séptimo decil de ingresos, condicionando cualquier avance a la existencia real de holgura fiscal.
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Esta modificación en el mecanismo de expansión proyecta un ahorro a largo plazo cercano a los $456.502 millones de pesos. Con esto, el Ejecutivo pretende que cualquier futura ampliación del beneficio deba ser discutida y aprobada mediante una ley en el Congreso.
Se busca, en palabras de la comisión, evitar presiones estructurales sobre el gasto que pongan en riesgo la solvencia del Estado chileno.
