El panorama del transporte en Chile enfrenta una reestructuración bajo la gestión del ministro Louis de Grange, quien busca avanzar en proyectos heredados. La regulación de las aplicaciones de Uber y otras de transporte y la fiscalización automatizada de infracciones encabezan una agenda que apuesta por la tecnología y la seguridad vial.
El secretario de Estado ha sido enfático en señalar que la implementación de estas normativas depende exclusivamente del desarrollo de plataformas de software que no fueron entregadas por la administración anterior.
Sin embargo, el compromiso del Ministerio de Transportes apunta a que estas herramientas de modernización estatal comiencen a operar definitivamente durante este 2026. La urgencia por regular el servicio de pasajeros y reducir la siniestralidad en las calles marca un ritmo de trabajo que busca resultados tangibles en el corto plazo.
Regularización tecnológica y el futuro de la Ley Uber
La entrada en vigencia de la Ley EAT es una de las mayores expectativas para miles de conductores y usuarios que dependen de las plataformas digitales. El ministro De Grange reveló que se debió licitar nuevamente el desarrollo tecnológico del sistema, tras el fracaso de consultorías previas que no arrojaron resultados útiles.
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Un nuevo reglamento ha sido ingresado a la Contraloría con el objetivo de equilibrar la calidad del servicio sin destruir la fuente laboral de la mayoría de los conductores.
La versión anterior del documento técnico fue duramente cuestionada, ya que su aplicación habría dejado fuera de circulación al 85% de los vehículos actuales. Paralelamente, la Ley CATI avanza en la instalación de cámaras y software especializado para detectar infracciones de tránsito de manera remota y eficiente.
Críticas al trazado ferroviario entre Santiago y la costa
Respecto al anhelado tren que conectaría la capital con el principal puerto del país, la autoridad ministerial lanzó duras críticas a la planificación del gobierno pasado. De Grange denunció que el anuncio de la vía ferroviaria se realizó sin estudios de respaldo, basándose únicamente en croquis y dibujos preliminares.
Aunque reconoce que un trazado que una ambas ciudades posee un mérito social y económico evidente, advirtió sobre el elevado costo de 3.500 millones de dólares.
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El ministro descartó tajantemente la idea de un tren de alta velocidad, definiendo la iniciativa más bien como un proyecto de carácter suburbano. Para el Gobierno, es fundamental sustentar cualquier inversión de esta magnitud con números precisos que permitan competir con otras necesidades nacionales de infraestructura.
La decisión de retirar el contrato de estudio de la Contraloría responde a la necesidad de evaluar en qué momento la cartera de inversiones del país puede absorber un gasto de tal envergadura.
