La confianza en empleados públicos enfrenta un nuevo y severo cuestionamiento tras revelarse una red de irregularidades sistémicas. La contralora general Dorothy Pérez presentó una cuenta pública que sacudió los cimientos del aparato estatal.
Ante la presencia del Presidente José Antonio Kast, el organismo fiscalizador expuso una realidad que indigna a los contribuyentes chilenos.
Más de 6.000 nuevos casos de funcionarios públicos han sido detectados prestando servicios en el sector privado mientras figuraban con licencia médica en el Estado. Este fraude ha costado millones de dólares al fisco, por lo que se esperan medidas drásticas para recuperar el dinero.
El uso de herramientas modernas de fiscalización permitió identificar a quienes, supuestamente incapacitados, mantenían hasta tres empleos simultáneos.
Desde viajes al extranjero hasta turnos en clínicas privadas
El informe de gestión de 2025 detalla una cifra alarmante que asciende a un total de 55.933 casos de irregularidades relacionadas con permisos de salud. La Contraloría identificó situaciones insólitas: médicos que atendían partos en el sector privado o funcionarios apostando en casinos estando “enfermos”.
Incluso se detectaron 25.000 casos de trabajadores que, tras presentar su licencia, salieron del país para disfrutar de viajes de placer.
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Estas prácticas no solo representan una falta ética, sino un drenaje directo de fondos que pertenecen a todos los ciudadanos y que deben ser restituidos. El ahorro generado por estas fiscalizaciones ya alcanza los 645 millones de dólares, demostrando la urgencia de mantener controles anuales rigurosos.
Pérez enfatizó que el objetivo final no es solo sancionar, sino asegurar que los recursos públicos cumplan su verdadera finalidad social.
El llamado de la Contralora para perseguir responsabilidades
A pesar de la detección de los fraudes, el camino hacia la justicia administrativa enfrenta obstáculos cuando los implicados deciden abandonar sus cargos. Más de 1.000 funcionarios renunciaron apenas se hicieron públicas las denuncias, logrando eludir temporalmente su responsabilidad administrativa.
Por esta razón, la Contraloría solicitó urgencia legislativa para una ley que permita sancionar a quienes dimitan durante los seis meses posteriores a una falta.
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Hasta la fecha, 93 personas han sido destituidas y se ha ordenado el reintegro de más de 1.311 millones de pesos por subsidios de incapacidad mal percibidos. El organismo ha rechazado el 96% de las solicitudes de condonación de deuda, otorgándolas solo en casos humanitarios extremos o errores de identificación.
Fortalecer los canales de denuncia seria y responsable es vital para que el sistema nacional de control logre revitalizarse y proteger el presupuesto de la nación.
