Corea del Norte castiga a estudiantes por ver "El Juego del Calamar"
El régimen de Kim Jong-un aplicaría ejecuciones y castigos severos a quienes consumen contenidos surcoreanos.
Las tensiones en la península coreana no solo se sienten en lo geopolítico, sino que también se reflejan en la vida cotidiana de los norcoreanos, donde incluso el acceso a entretenimiento extranjero se ha convertido en motivo de castigo extremo.
Según un informe difundido por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, testimonios de norcoreanos que lograron escapar del país describen un clima de miedo en el que el simple hecho de ver una serie de televisión surcoreana puede acarrear consecuencias gravísimas, incluidas ejecuciones públicas y otros castigos severos.
Las entrevistas, recogidas de 25 personas que huyeron de Corea del Norte entre 2019 y 2025, señalan que programas populares —como "El juego del calamar" de Netflix— y otros contenidos culturales del sur se consideran delitos bajo la estricta legislación estatal.
Los que son sorprendidos consumiéndolos tienen probablemente pocas opciones: desde ser enviados a campos de trabajo forzado hasta ser ejecutados públicamente, según las declaraciones recogidas por la organización.
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Distintos testimonios también destacan que la severidad de las sanciones depende en gran medida de la posición socioeconómica de las familias.
Mientras que quienes tienen recursos o conexiones pueden pagar sobornos para evitar las penas más extremas, aquellas personas sin medios quedan expuestas a castigos brutales sin posibilidad de defensa.
Además de las ejecuciones, las fuentes relatan otros métodos de represión: detenciones arbitrarias, registros sin orden judicial en hogares para buscar dispositivos con contenido extranjero y humillaciones públicas como parte de lo que las autoridades denominan "educación ideológica".
Este tipo de testimonios ponen de relieve la dureza del régimen de Kim Jong-un, que ha convertido la cultura surcoreana —desde dramas televisivos hasta música pop— en un enemigo ideológico a erradicar.
Las restricciones y sanciones extremas resaltan una estrategia de control que no solo busca impedir el acceso a información alternativa, sino también infundir temor en la población para disuadir cualquier forma de disidencia cultural o intelectual.
Mientras tanto, organizaciones internacionales insisten en que estas prácticas violan derechos humanos fundamentales y exigen mayor atención y presión diplomática para garantizar la seguridad de las personas dentro del país.
