El millonario litigio civil entre dos de las principales instituciones bancarias del pa\u00eds ha entrado en una fase de entrampamiento legal que amenaza con postergar indefinidamente una resoluci\u00f3n de fondo. La disputa por m\u00e1s de $33 mil millones enfrenta a BancoEstado y Banco Santander en una batalla judicial que trasciende la simple cobranza de una deuda.<\/p>\n\n\n\n
El origen de la controversia radica en las tarifas por transferencias electr\u00f3nicas hacia la CuentaRUT, un servicio que el banco estatal defiende apelando a sus altos costos de operaci\u00f3n log\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la firma de capitales espa\u00f1oles ha desplegado una intensa estrategia jur\u00eddica destinada a congelar la causa civil mediante recursos t\u00e9cnicos y solicitudes de incompetencia. El expediente judicial acumula decenas de folios de incidentes procesales, mientras el debate principal sobre la existencia del impago sigue atrapado en los tribunales.<\/p>\n\n\n\n
Esta pugna evidencia c\u00f3mo las grandes corporaciones utilizan las herramientas del sistema procesal para disputar la hegemon\u00eda del mercado financiero y la fijaci\u00f3n de precios.<\/p>\n\n\n\n
La defensa de Santander se fundamenta en un recurso de litispendencia, argumentando que el tribunal civil no debe fallar hasta que se pronuncie un organismo especializado. La entidad privada busca que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelva de manera paralela si las tarifas de 0,01 UF exigidas por BancoEstado resultan abusivas o discriminatorias.<\/p>\n\n\n\n
Bajo esta l\u00f3gica, si el organismo antimonopolio declara ilegal dicho cobro, la demanda civil por miles de millones de pesos quedar\u00eda sin sustento jur\u00eddico de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Desde la vereda opuesta, la instituci\u00f3n p\u00fablica acusa una maniobra dilatoria instrumental que solo busca postergar el cumplimiento de un contrato vigente suscrito hace tres d\u00e9cadas. A este complejo panorama se sum\u00f3 la inhabilitaci\u00f3n de la jueza titular del caso, quien debi\u00f3 dar un paso al costado por ser cliente activa de ambas entidades bancarias.<\/p>\n\n\n\n
Esta vacancia administrativa ha provocado una rotaci\u00f3n de magistrados subrogantes, ralentizando a\u00fan m\u00e1s un proceso que requiere de continuidad t\u00e9cnica para desenredar los nudos contractuales.<\/p>\n\n\n\n
Un argumento clave introducido por BancoEstado en el marco de este 2026 es el millonario costo operativo que implica mantener disponible el dinero en efectivo en zonas extremas. A trav\u00e9s de su red de sucursales y CajaVecina, el banco estatal asegura financiar de facto la conectividad de la que se benefician indirectamente los clientes de la banca privada.<\/p>\n\n\n\n
Sostener este ecosistema requiere el despliegue constante de camiones de valores y resguardo de capitales en localidades donde las instituciones privadas no poseen presencia f\u00edsica ni sucursales.<\/p>\n\n\n\n
En el plano probatorio, Santander busca citar a declarar a altos ejecutivos de la competencia para demostrar que los valores cobrados por BancoEstado est\u00e1n completamente fuera del est\u00e1ndar de mercado. La contraparte intenta bloquear estas declaraciones, sosteniendo que el comportamiento de terceros resulta irrelevante para dirimir el cumplimiento de una promesa comercial espec\u00edfica entre dos firmas.<\/p>\n\n\n\n
Mientras la tramitaci\u00f3n se dilata entre tecnicismos, ninguna de las partes involucradas ha estado dispuesta a detallar p\u00fablicamente las ganancias o p\u00e9rdidas derivadas de esta prolongada retenci\u00f3n monetaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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