La pol\u00edtica migratoria nacional atraviesa un cambio de paradigma legislativo que busca endurecer las consecuencias para los inmigrantes que evaden los controles fronterizos establecidos. El Senado ha dado un paso crucial al aprobar en general el proyecto de ley que transforma el ingreso clandestino al territorio chileno en un delito penal.<\/p>\n\n\n\n
Con una votaci\u00f3n dividida de 24 votos a favor y 20 en contra, la iniciativa avanza en su tramitaci\u00f3n tras a\u00f1os de intensos debates sobre la seguridad y el orden p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Esta modificaci\u00f3n legal pretende dotar al Estado de nuevas herramientas disuasivas ante la emergencia migratoria que ha afectado diversas zonas del pa\u00eds. Para el Ejecutivo, tipificar esta conducta permite prevenir la entrada descontrolada y enviar una se\u00f1al clara sobre el respeto a las normas de soberan\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n
El debate se traslada ahora a la fase de indicaciones, donde se buscar\u00e1 perfeccionar el texto antes de su votaci\u00f3n definitiva en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto introduce cambios profundos en la Ley de Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda, estableciendo penas de presidio para quienes entren al pa\u00eds de forma irregular. La sanci\u00f3n base para el ingreso clandestino ser\u00e1 de presidio menor en su grado m\u00ednimo, lo que equivale a un rango de entre 61 y 540 d\u00edas de reclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la privaci\u00f3n de libertad, los infractores deber\u00e1n enfrentar multas econ\u00f3micas que oscilan entre las 5 y las 10 Unidades Tributarias Mensuales.<\/p>\n\n\n\n
En los casos donde el extranjero ya posea una prohibici\u00f3n vigente de ingreso, la severidad del castigo aumenta significativamente, pudiendo alcanzar los cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel. Esta estructura punitiva busca desincentivar el uso de pasos no habilitados y combatir la sensaci\u00f3n de impunidad que, seg\u00fan los autores de la ley, impera en las fronteras.<\/p>\n\n\n\n
La aprobaci\u00f3n no ha estado exenta de cr\u00edticas por parte de sectores que cuestionan si la criminalizaci\u00f3n realmente facilitar\u00e1 la expulsi\u00f3n de los migrantes. Algunos parlamentarios advierten que transformar una infracci\u00f3n administrativa en delito podr\u00eda ralentizar los procesos de salida del pa\u00eds al judicializar cada caso.<\/p>\n\n\n\n
Argumentan que el sistema jur\u00eddico podr\u00eda verse tensionado y que el Estado gastar\u00eda m\u00e1s recursos en mantener a las personas en prisi\u00f3n que en devolverlas a su origen.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que la v\u00eda judicial es, en la pr\u00e1ctica, mucho m\u00e1s r\u00e1pida que los decretos administrativos que dependen de la voluntad pol\u00edtica. Afirman que ingresar a Chile no puede tener un costo cero y que la legislaci\u00f3n debe responder a la realidad de las redes de tr\u00e1fico y documentaci\u00f3n falsa.<\/p>\n\n\n\n
El \u00e9xito de esta nueva normativa depender\u00e1 de la capacidad de coordinaci\u00f3n entre el Ministerio P\u00fablico y los organismos encargados de resguardar la seguridad fronteriza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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