El patio del colegio ha dejado de ser un espacio de juego para convertirse en el epicentro de una nueva batalla legal en Chile. El Congreso avanza en una normativa que promete sacudir la economía de los hogares chilenos.
Se trata de un proyecto de ley que establece la responsabilidad compartida, obligando a los padres a responder por el bullying de sus pupilos.
La senadora María José Gatica ha liderado esta iniciativa ante la alarmante cifra de amenazas y hostigamientos que afectan a los estudiantes. El objetivo es claro: terminar con la impunidad del acoso escolar que, en sus casos más extremos, ha derivado en tragedias irreparables.
Multas de hasta 3 millones de pesos por malos actos de los hijos
La propuesta legislativa introduce una modificación al artículo 16 D de la Ley General de Educación para cerrar un vacío legal histórico. Los apoderados que ignoren las advertencias formales de los establecimientos podrán ser sancionados con multas de hasta 50 UTM.
Al valor actual de la Unidad Tributaria Mensual, esto significa que un padre podría llegar a pagar más de 3,3 millones de pesos por la conducta de su hijo.
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En caso de que el menor reincida en actos de maltrato o violencia, la ley contempla que el monto de la multa pueda duplicarse. La sanción se aplicará específicamente a quienes, tras ser notificados, no adopten medidas concretas para evitar la reiteración de las agresiones.
De esta forma, el sistema busca crear un incentivo económico directo para que la formación y el cuidado se refuercen desde el hogar.
Hacia un modelo de protección social coordinada
Actualmente, los equipos directivos de los colegios coinciden en que los protocolos internos son insuficientes sin el apoyo de la familia. El proyecto argumenta que la carga del problema del bullying recae de forma excesiva en las escuelas, dejando a los padres en un rol pasivo.
Con esta nueva regulación, la familia es reconocida legalmente como la primera red de protección y formación de los menores de edad.
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No se pretende crear un sistema burocrático, sino asegurar que exista una cooperación real cuando se detecta un caso de acoso escolar. Se espera que la coordinación entre estudiantes, padres y docentes aumente drásticamente las posibilidades de prevenir el maltrato intencional.
Esta perspectiva de sociedad busca que el entorno doméstico deje de ser un espacio “descubierto” ante la ley frente a la violencia estudiantil.
