Columna de María Jaraquemada: ¿Volverá el maletín negro?

La Hora

Miércoles 08 de enero de 2020

Autora: María Jaraquemada, Directora de Incidencia Espacio Público.

En 2016 se llevó a cabo una profunda reforma en las normas relativas al financiamiento de la política en general y a la forma de realizar campañas electorales, con mayores herramientas y capacidad del Servicio Electoral de fiscalizar, además de sanciones más drásticas que podían llegar incluso a sanciones penales y pérdida del cargo.

Todo a raíz de los casos Penta y SQM, que develaron una institucionalidad débil que permitía (y favorecía) el financiamiento ilegal de la política, sin sanciones reales. Lamentablemente, por el momento, todos estos cambios están quedando sin aplicación para el plebiscito de abril próximo, salvo en lo que respecta a los partidos políticos e incluso ya se ha emitido propaganda por parte de un ex candidato presidencial (con polémica de por medio y denuncias ante el Servicio Electoral).

Si miramos experiencias similares, tanto en Reino Unido (para el plebiscito sobre la permanencia o salida de la Unión Europea de 2016) y Colombia (sobre los acuerdo por la paz del mismo año) se establecieron fórmulas para que distintos grupos y movimientos realizaran propaganda y campañas para sus opciones. En ambos casos se reguló el financiamiento electoral, con topes de gasto, exigencias de rendición de cuenta y transparencia.

Lo anterior no es menor dado el interés que presenta este inédito proceso en nuestro país para distintas organizaciones y movimientos, tanto los que promueven el “Apruebo” o “Rechazo” la opción de una Nueva Constitución, como la opción del ente que la redactará en caso de que se decida por la primera. Se hace imprescindible que se regule al respecto.

Sería negativo que no tengamos transparencia detrás de quiénes promueven cada una de estas opciones y que vuelva el financiamiento oscuro, además de que la cancha sea dispareja por no haber topes claros. Asimismo, es imprescindible que el Servicio Electoral tenga un claro mandato de hacer respetar los plazos y otras normas de campañas electorales y aplique las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Afortunadamente, tanto algunos parlamentarios como el Gobierno han señalado su voluntad de legislar al respecto.