Columna de María Jaraquemada: ¿El financiamiento ilícito está de vuelta?

La Hora

Miércoles 24 de julio de 2019

Recientemente se abrió una nueva arista en el denominado caso Tragamonedas, con el Ministerio Público investigando los posibles delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita.

Hace unos días el Servel amplió su denuncia al Ministerio Público por el posible financiamiento de ciertas empresas -de modo ilegal- a campañas políticas, entre las que se encuentran Aguas Antofagasta y el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Algunos de los parlamentarios investigados son la diputada Érika Olivera y el senador Jorge Pizarro, junto a otros ex candidatos que no resultaron electos.

La gravedad de este caso es que, de comprobarse los hechos, se trataría del primer caso tras la importante reforma a las leyes de financiamiento de la política y de la regulación de campañas, que nacieron justamente luego de los bullados escándalos de financiamiento ilegal de Penta y SQM, y que provocaron una grave caída en la confianza ciudadana a los partidos políticos y al Congreso.

¿Qué es lo que busca una empresa o asociación gremial financiando por fuera del sistema a posibles futuros parlamentarios? No cabe pensar otra cosa que comprometer su apoyo para futuras regulaciones que los afecten, es decir, una forma de soborno encubierta. Recordemos que hasta antes de 2016 se trataba de un modo de financiamiento que no solo estaba permitido sino que se fomentaba, al otorgarles beneficios tributarios a las empresas que financiaran campañas. Luego, esto se prohibió y se establecieron sanciones más duras, tales como presidio que va desde los 61 días a los 3 años, multas y -en el caso de las autoridades electas-, incluso la pérdida del cargo.

El caso Tragamonedas ilustraría que, al parecer, se trata de una actividad que algunos están dispuestos a seguir practicando, aun cuando no haya pasado un año desde que se estableciera como delito. Esperemos que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación acuciosa y que, de comprobarse estos hechos, se sancione con el máximo peso de la ley, para demostrar que ya no sale gratis la corrupción en nuestro país.

*Directora de Incidencia Espacio Público