Columna María Jaraquemada: asesoría-gate 3.0

La Hora

Miércoles 29 de mayo de 2019

Un reciente reportaje puso nuevamente las asesorías parlamentarias bajo crítica. Al parecer, algunos diputados contratarían personas de su núcleo cercano -amistades, parejas- y con poca formación profesional, por sueldos no menores, para ejercer dichas labores. Al mismo tiempo, un reciente informe de la PDI, a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía por posibles fraudes al fisco en el uso de esos recursos, señala que más de un 30% de los casos investigados, no habría acreditado la realización de los trabajos encargados.

Desde 2010 se ha avanzado en una mayor regulación, transparencia, control y fiscalización de los recursos para asignaciones parlamentarias. Se creó un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y un Comité de Auditoría, integrados por personas externas y con importantes grados de autonomía para ejercer su labor. Por ejemplo, ya no se pueden contratar parientes, candidatos a elección popular ni lobbystas como asesores parlamentarios.

Pero aún persisten falencias que afectan negativamente la imagen de nuestros legisladores. Se requiere establecer mayores requisitos para que las personas contratadas tengan las competencias mínimas para dichos cargos y se evite que los recursos públicos sean utilizados para clientelismo o proselitismo político, pago de favores o enriquecimiento personal de parlamentarios o cercanos. Además de la transparencia actual, es necesario que el control y fiscalización de estos gastos sea efectivo y que haya sanciones.

Lo anterior es el punto más débil de la actual regulación. Las Comisiones de Ética, integradas por los mismos parlamentarios, han demostrado no tener la suficiente autonomía para ese rol.

Nuestros Congreso es de las instituciones políticas con los índices más bajos de confianza ciudadana. Hay medidas mínimas que pueden adoptarse para comenzar a revertir estas cifras. Sin embargo, al parecer no hay nadie que quiera ponerle el cascabel al gato.