Un desafío transversal

María Jaraquemada

Lunes 18 de diciembre de 2017

El domingo se realizó la segunda vuelta presidencial donde, con una gran participación electoral, se eligió por segunda vez a Sebastián Piñera como Presidente de Chile. Las propuestas de los dos candidatos en materias como pensiones, salud, educación y las llamadas “valóricas” en muchos aspectos fueron divergentes. Sin embargo, en materia de anticorrupción y probidad, podemos encontrar algunas similitudes.

Ambos candidatos manifestaron su voluntad de avanzar en temas que aún se encuentran pendientes y fueron señalados por la Comisión Engel como relevantes en esta materia, tal como la regulación de la puerta giratoria entre el sector público y privado -algo que es especialmente sensible en momentos de cambios de gobierno, particularmente cuando implica una alternancia de la coalición gobernante, como es este caso-; aumentar las sanciones a los delitos de corrupción (los llamados “de cuello y corbata”); fortalecer y potenciar el servicio civil y de alta dirección pública; avanzar en probidad y gestión de los municipios, materia en la que ha habido muy poco avance en estos últimos años; y mejorar las normas de probidad y transparencia que rigen a empresas estatales.

El total de propuestas que hizo la Comisión Engel han logrado un 62% de avance hasta el momento, algo no menor considerando que sólo han transcurrido 2 años y 8 meses desde que entregó su informe. Es de esperar que el nuevo Gobierno tome la batuta en este tema que es tan prioritario para los chilenos, como señalan diversas encuestas, y que ha mantenido en vilo a la región con nuevos escándalos en Perú y Ecuador, donde la permanencia del presidente del primer país está en duda.

Si hay algo que todas las candidaturas a la presidencia consideraron en sus programas y no divide, es la lucha contra la corrupción. Chile ha avanzado mucho en materias pero aún nos quedan vacíos legales que urge tratar y que esperamos que el próximo Gobierno les dé la relevancia necesaria.