Privilegios Públicos

María Jaraquemada

Lunes 13 de febrero de 2017

A pesar que febrero suele ser un mes más tranquilo en términos noticiosos, los primeros días el Gobierno estuvo bastante presente en los medios por los incendios forestales y el nombramiento por la Presidenta de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado.

Sobre este último tema, ha habido muchas críticas cruzadas por la forma de nombramiento, la duración de estos cargos y su sueldo. Sin embargo, lo anterior no es novedad y ha sido así desde hace más de 20 años. Entonces, ¿por qué surgen ahora estas críticas?.

En primer lugar, las exigencias éticas han cambiado. La ciudadanía demanda mayor transparencia y rendición de cuentas de sus autoridades, razón por la cual, al parecer ya no es suficiente que “la ley lo diga”, sino que también se cuestiona la justicia o razonabilidad de la norma. Por lo tanto, a pesar que la Presidenta esté facultada para nombrar a quién le parezca más conveniente para dicho cargo, la ciudadanía está exigiendo que esas facultades se ejerzan de modo correcto y conveniente.

Por otra parte, ya no parece tan razonable que existan cargos prácticamente inamovibles y hasta los 75 años con remuneraciones muy altas, casi 14 veces más que el promedio de cualquier chileno. Ahora vemos como ciertos privilegios inaceptables, cuestiones que antes ni discutíamos.

Finalmente cabe preguntarse si en organismos con autonomía técnica y política como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Electoral, el Consejo para la Transparencia y tantos otros similares no debiéramos incluir una variable en el nombramiento de sus directivos que garantice que se cuenta con las competencias técnicas necesarias. Hace ya un tiempo varias organizaciones firmamos una declaración que llamaba a poner fin al cuoteo político en este tipo de entidades, de modo que se transparenten más los procesos de designación, los criterios de selección y la variable de competencias pese más que la política.

Los tiempos han cambiado y al parecer aún quedan en nuestra legislación e instituciones resabios de prácticas que ya no nos parecen adecuadas ni transparentes. La ciudadanía demanda que las revisemos y actualicemos de modo de no continuar con privilegios o espacios de discrecionalidad que ya no se justifican.