LA HORA

las viejas formas de hacer política están quedando atrás. El uso de tecnologías para tener contacto con las personas y movimientos ciudadanos por causas de interés público parecen ser la manera de involucrarse en este mundo. Y esa es la idea del diputado Felipe Harboe (PPD).

Usando Twitter convocó a 400 voluntarios para formar el movimiento Acción, cuyo primer caballito de batalla es la campaña "Firma para Borrar tu Dicom".

"Es increible. Yo no conozco personalmente a esta gente y partimos de la buena fe y les mandamos por bus poleras, pendones y formularios, en un acto súper de confianza. Tampoco les preguntamos su orientación política, no me importa. Esto ha servido para movilizar y es súper sano para la democracia, porque la gente en este país quiere que todo se lo resuelvan'', cuenta Harboe.

El parlamentario además es un conocido twittero y usa su página web para recibir las inquietudes sobre este tema y otros. "Es una forma de gestión legislativa a través de las redes sociales'', comenta.

¿Cómo se ha ido consolidando este movimiento?

Hoy tenemos más de 1.200 voluntarios en más de 65 ciudades del país y crecientemente se están sumando parlamentarios, alcaldes, concejales y dirigentes sociales y gremiales. Estamos a punto de llegar a las 300.000 firmas y queremos recolectar un millón para que el Ejecutivo respalde la iniciativa.

¿Cómo afecta a las personas estár en los registros de Dicom?

Casi un millón de chilenos anda buscando trabajo y no lo encuentra por el sólo hecho de estar en Dicom. En los próximos cinco años podríamos tener cerca de tres millones de personas buscando empleo y eso podría generar una estampida social de proporciones.

¿Qué busca la iniciativa?

Pretendemos que se establezcan dos puntos escenciales. Uno es que se incluya la información consolidada en los registros de datos comerciales. Esto quiere decir que como obligación las bases de datos deban tener toda la información positiva y negativa de los últimos 10 años para poder distinguir entre quién tiene una deuda ocasional del que es un deudor consuetudinario o un fresco.

La otra es la restricción al acceso a esta bases de datos o la finalidad del dato. En Chile practicamente la propiedad de los datos parece ser de las administradoras, sin consulta a los interesados. La idea es que sólo pueden acceder a los antecedentes personales sólo las personas e instituciones que justifiquen un fin legítimo para conocerlos.